Presidente Boric recibió informe de la Comisión Asesora Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones sin Fines de Lucro y el Estado
El grupo de expertos propuso al Presidente 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, las que serán evaluadas por el Ejecutivo. Tres integrantes de esta instancia son parte del Consejo de Modernización del Estado: su presidenta María Paz Jaraquemada, Ramiro Mendoza e Ignacio Irarrázaval.
En una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió el informe de la Comisión Asesora Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones sin Fines de Lucro y el Estado que propone 46 medidas. “Si las personas desconfían de las instituciones con motivos fundados, se dañan no solamente esas instituciones, sino la convivencia y la cohesión social. Y cada peso que se desvía a otros intereses significa, además, reducir la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó el Mandatario durante la ceremonia.
La comisión propuso al Presidente 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, las que serán evaluadas por el Ejecutivo.
“Fomentar, alimentar una cultura de probidad en el Estado debe ser un trabajo permanente y constante”, agregó al Presidente Boric, quién además señaló que, “tenemos varios desafíos que equilibrar: cómo elevamos los estándares, mejoramos la transparencia y, a la vez, mejoramos la eficiencia en el accionar del Estado y no generamos normas en las cuales vayamos, por un lado, generando mayores exigencias, que a la vez limiten o tranquen la efectividad de la acción del Estado”.
Sobre la Comisión Asesora Ministerial
La Comisión Asesora Ministerial inició sus labores de forma preliminar el 7 de julio. Desde la publicación del Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días corridos, finalizando el 26 de agosto. Estuvo integrada por María Jaraquemada como Presidenta de la instancia, y por los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero. La secretaría ejecutiva del equipo quedó en manos de Valeria Lübbert, quien actualmente cumple el mismo rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres. Jaraquemada, Mendoza e Irarrázaval integran el Consejo de Modernización del Estado.
El grupo de expertos escuchó exposiciones de diversos funcionarios y representantes de la Dirección de Presupuestos, de los Ministerios de Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Secretaría General de la Presidencia, Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, representantes de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, además de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Charity Commission, de Reino Unido, entre otros. Asimismo, escucharon a académicos y exautoridades, quienes entregaron sus reflexiones desde sus experiencias. Se escucharon también a representantes de fundaciones y corporaciones quienes dieron su mirada desde la práctica.
Algunas de las propuestas
- Crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile acorde a los estándares y buenas prácticas del FMI y de la OCDE.
- Portal de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
- Establecer obligación de publicar cierta información en los sitios web de instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL).
- Mayor control a corporaciones municipales y regionales. Integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales.
- Obligación de alcaldes y alcaldesas de informar al Concejo Comunal y rendirle cuentas de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación.
- Reducir el monto para el cual el Gobernador Regional requiere aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas. En todo caso, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativas.
- Establecer un catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a IPSFL.
- Establecer normas generales y supletorias con sanciones y principios de aplicación relativas a incumplimientos por parte de IPSFL respecto de transferencias públicas, con un catálogo posible de medidas, de carácter proporcional a la gravedad de la infracción, tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión.
- Incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.
- Que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno esté regulado en una ley y que le dé cierta autonomía del gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo.
